En el marco de la tramitación del proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior (boletín 8041-04), los senadores Patricio Walker y Camilo Escalona presentaron el proyecto de ley que tipifica como delito la infracción de las obligaciones, en caso de operaciones con personas relacionadas, por parte de los directores, gerentes y administradores de instituciones de educación superior.